Cómo el DS-44 Obliga a las Empresas a Tener una Política de Alcohol y Drogas
El Decreto Supremo N.º 44 (DS-44), aprobado el 3 de agosto de 2023, marca un hito en la regulación de la seguridad laboral en Chile. A partir de febrero del 2025, será obligatorio para todas las empresas implementar una política clara y efectiva de alcohol y drogas, con el fin de garantizar ambientes laborales seguros y libres de riesgos asociados al consumo de estas sustancias.
El Marco Legal del DS-44
Este decreto se fundamenta en diversas normativas nacionales e internacionales, como el Convenio N° 187 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en la ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Además, refuerza el artículo 184 del Código del Trabajo, que obliga a los empleadores a proteger la vida y salud de sus trabajadores.
Con la entrada en vigor del DS-44, las empresas deben establecer medidas concretas para prevenir riesgos laborales derivados del consumo de sustancias, garantizando así la seguridad tanto de los trabajadores como del entorno laboral en su conjunto.
¿Por Qué es Obligatoria una Política de Alcohol y Drogas?
El DS-44 establece que el consumo de alcohol y drogas en el trabajo es un factor de riesgo crítico que debe ser abordado de manera estructurada y preventiva. Por ello, las empresas están obligadas a implementar políticas que incluyan:
- Prevención: Charlas, capacitaciones y difusión de los riesgos asociados al consumo.
- Detección: Uso de herramientas como pruebas rápidas para identificar consumo en situaciones críticas.
- Intervención: Procedimientos claros para actuar ante un caso positivo, protegiendo tanto a los trabajadores como a la empresa.
Estas medidas no solo buscan evitar accidentes laborales, sino también fomentar una cultura de bienestar y seguridad que beneficie a todos los involucrados.
Fiscalización y Sanciones
La Dirección del Trabajo será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de estas políticas. Las empresas que no implementen un plan preventivo o que incumplan las normativas podrían enfrentar sanciones económicas y legales, además de poner en riesgo su reputación.
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